Así lo dio a conocer el Superintendente José Miguel Calle, durante la presentación de los objetivos de la entidad para 2011 y el plan de modernización de la misma.
El funcionario también reconoció que la entidad ha advertido la necesidad de dar respuestas más rápidas a este tipo de denuncias, como también a los reclamos y las denuncias de los consumidores en materia de garantías y calidad de los productos que están en el mercado.
Por esta razón, la SIC adelanta un proceso de reestructuración de la entidad en el que se pretende contar con mayor personal e infraestructura tecnológica para atender las necesidades de los consumidores. El objetivo es pasar de 350 a 700 cargos ocupados en la entidad, lo que significaría ampliar su presupuesto en $25.000 millones anuales. Es decir, pasar de un gasto actual de $57.000 millones a $82.000 millones.
“Actualmente los procesos por demandas de garantías pueden tardar hasta un año. Nosotros queremos reducir ese tiempo a tres meses”, declaró el Superintendente.
La entidad también pretende reducir los proceso de registro de marcas de 9 a 6 meses; los de competencia desleal de 3 años a un año y los procesos de revisión de fusiones y adquisiciones empresariales de un año a 5 meses.
Entre los proyectos para modernizar la entidad se cuentan la consolidación de un servicio de contac center para atender las quejas de los consumidores; el lanzamiento de la Revista de Propiedad Industrial; la mejoría se los servicios de información a través del portal de internet de la entidad y la modernización de los canales de comunicación entre las empresas y la entidad.
Sin embargo, el Superintendente también reconoció que estos cambios se están adelantando para actualizar la capacidad de la entidad para atender sus funciones actuales, con lo cual se requeriría de una segunda modernización, una vez entre en vigencia le Ley que sanciona el nuevo estatuto del consumidor, aprobada por el congreso a finales de julio pasado.
Sin embargo, el Superintendente también reconoció que estos cambios se están adelantando para actualizar la capacidad de la entidad para atender sus funciones actuales, con lo cual se requeriría de una segunda modernización, una vez entre en vigencia le Ley que sanciona el nuevo estatuto del consumidor, aprobada por el congreso a finales de julio pasado.
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